La discusión en torno a la despenalización o no del aborto en República Dominicana continuó este jueves con la sugerencia del Ejecutivo de que la población decida sobre el particular y la reiterada oposición de la Iglesia católica a legalizar el aborto.
Una semana después de que movimientos feministas montaran un campamento frente al Palacio Nacional para exigir la despenalización de la concepción en tres causales, el momento es de amplia confrontación entre estos y quienes defienden la permanencia del aborto como delito en las leyes del país.
El presidente dominicano sugirió que sean los dominicanos los que decidan sobre la eventual despenalización del aborto, un tema que admitió divide el país.
Partidos políticos como el oficialista Revolucionario Moderno (PRM) apoyan la interrupción del embarazo bajo los supuestos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación o incesto. Sin embargo, el arzobispo de Santo Domingo plantea una posición muy diferente.
Grupos de diputados y senadores de diferentes bancadas proaborto dan susu apoyo a la iniciativa en favor de la despenalización. Los legisladores hicieron “un llamado a los demás colegas diputados y diputadas” para que “tengan empatía con las mujeres que sufren, que se ven en una situación límite de tomar una decisión dolorosa” para que actúen según “su conciencia, sin presiones, para que podamos legislar por el mayor interés y garantía de todos”. Por su parte, el expresidente Leonel Fernández dijo prever que la decisión final sobre el tema la abordará el Tribunal Constitucional.
Se recordó que en España la legalidad del aborto, en sus tres causales, se decidió en la Corte Constitucional y en el caso de Estados Unidos, indicó que no está permitido por ninguna ley, sino por una sentencia emitida en 1973 de la Corte Suprema de ese país y conocida como Roe contra Wade.
Establecer excepciones a la penalización del aborto en el país es una reivindicación manifestada desde hace años por organizaciones nacionales e internacionales, que argumentan que su prohibición absoluta constituye una injusticia social, un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.
República Dominicana es uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total del aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
